Yo no creo que sea bueno tomarse en serio el clima histérico que se ha generado en torno al caso ‘mascarillas’. Creo que probablemente, dentro de unos meses, la mitad de las cosas que se están diciendo hoy se habrán demostrado una exageración (Globalia duplicó precios por transportar mascarillas a Baleares).
Sin embargo, hay algo que me parece evidente, porque es común a lo que venimos viendo del manejo de los asuntos públicos en España en las últimas décadas: la cultura del negocio, las relaciones entre privados y sector público, están podridas.
Más allá de este o aquel detalle, más allá de que uno y otro episodio sean o no ciertos, incluso más allá de un protagonista u otro, las grabaciones, los datos, las afirmaciones y todo lo que se puede leer entre líneas apunta a una cultura perversa, impropia de una democracia y sobre todo de un libre mercado. El mercado, por lo visto, es más libre para uno que para otros.
Las formas y los usos con los que las empresas privadas, al menos algunas que se repiten siempre, se relacionan con las administraciones públicas, no son serias. Incluso son delictivas. Es una consecuencia evidente del estilo de la relación. Cuando uno de los corruptos cuyas cintas se han conocido llama a un político, este le contesta pero no como debería, para decirle que él no puede hacer nada, que hay unos procedimientos a seguir. No, se presta a hablar. Después el juez deberá determinar, pero el problema es de entrada: no hay nada que hablar, sólo seguir las reglas.
Las historias se repiten y los elementos en común con casos anteriores se repiten. Y el turismo y el transporte no son los sectores en peor situación, de manera que nos podemos imaginar.
